Banderas al Viento

Diputado saltapatrás

Por: VICENTE ORIA RAZO
Publicado el: 2006-04-27

La Ley del Servicio Profesional de Carrera representa un gran avance para impulsar el desarrollo de la administración pública en beneficio de la sociedad. Tiene como objetivos darle estabilidad y permanencia a los mejores servidores públicos y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos administrativos gubernamentales.
El ingreso y permanencia en los llamados mandos medios administrativos tienen como base el mérito personal.
En el Artículo 5 de la Ley se establece que tomando como base el Catálogo correspondiente al Sistema del Servicio Profesional de Carrera comprende los siguientes rangos: director general; director de área; subdirector de área; jefe de departamento y enlace.
Los rangos anteriores comprenden los niveles de adjunto, homólogo o algún otro equivalente cualquiera que sea la denominación que se le de. Abarcan desde el nivel uno de la administración hasta el seis que es el de director general.
Con el sistema profesional de carrera se evita que como en el pasado la administración pública se integre con recomendados, con otros procedimientos ilegítimos o como reparto del botín político.
Un tema que no ha sido abordado por los investigadores sociales es el de cómo se han integrado hasta hoy, en los mandos medios, a los gobiernos en sus tres niveles: el federal, el estatal y municipal.
Para ocupar los cargos en el gobierno federal los altos mandos reciben listas de recomendados de jerarcas de la iglesia, de sectas secretas, de empresarios poderosos, de partidos políticos, de gobernadores, de representantes de universidades extranjeras o privadas, de políticos influyentes, de amigos y compadres y de todo tipo de personas con poder de recomendar.
También se hacen negociaciones con los perdedores electorales para darles algo y evitar conflictos.
Son miles las historias que se conocen de servidores públicos del gobierno federal que eran dados de baja de su empleo para acomodar a recomendados o incluso a hijos de papá que le compraban el “puesto” al hijo en alguna dependencia. Las bajas y el reclutamiento se han realizado en forma caprichosa y arbitraria en perjuicio de los servidores públicos.
La Ley del Servicio Profesional de Carrera es una aportación importante para hacer realidad un buen gobierno. La iniciativa para formularla fue presentada a la Cámara de Diputados por el priista Carlos Rojas y fue aprobada por unanimidad por los legisladores de todos los partidos.
Sin embargo el diputado Rafael Flores Mendoza 30 meses después de la publicación de la ley propone dar un salto para atrás.
Las elecciones presidenciales no se han realizado; pero el diputado saltapatrás Flores Mendoza, presume que el señor Andrés Manuel López será el próximo presidente de la republica y que de acuerdo con las limitaciones que se establecen en la ley, el botín político para repartir se ha reducido.
Dice que la administración entrante “únicamente podría nombrar a 19 Secretarios de Estado; 63 subsecretarios; 19 oficiales mayores; 77 titulares de órganos desconcentrados y algunos jefes de unidad.
Explica que el presidente electo básicamente podrá nombrar a 179 servidores públicos importantes.
Para aumentar el botín político el diputado saltapatrás propone un proyecto de decreto para que el presidente de la republica pueda nombrar también libremente a los directores generales, los delegados, representantes y titulares de oficinas en las entidades federativas, adjuntos, homólogos o cualquier otro equivalente.
Así se triplica el botín político para negociarlo, darle a los compadres, amigos y fieles seguidores o para venderlo.
Con esa iniciativa para reformar la Ley del Servicio Profesional de Carrera se pretende darle marcha atrás al avance que se ha logrado para integrar una administración moderna, eficiente y políticamente neutra.
Lo previsible es que no se camine como aquellos cangrejos a los que les cantaba Guillermo Prieto. No hay que retroceder. Lo conveniente es avanzar para que el Servicio Profesional de Carrera llegue a los gobiernos estatales y municipales como está previsto en la Ley Federal.

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COMUNICADO DE PRENSA

COMUNICADO DE PRENSA

 No.027/2006

 

MEXICO, D.F., A 3 DE ABRIL DE 2006

 

FORTALECER EL SPC EN EL MARCO DE UN AMPLIO DEBATE, ANTES QUE UNA REFORMA: SFP

 

Las modificaciones y adiciones a la Ley del Servicio Profesional de Carrera (SPC) que serán votadas en próximos días por el pleno de la Cámara de Diputados, son una iniciativa que significa una regresión en el proceso de modernización que se lleva a cabo en la Administración Pública Federal.

El pasado jueves 30 de marzo, la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados presentó, para su primera lectura ante el Pleno de ese órgano Legislativo, el dictamen que contiene reformas y adiciones al Servicio Profesional de Carrera, mismas que aprobó sin debate y sin que sesionaran sus integrantes.

 
Estas reformas, que serán presentadas para segunda lectura y votadas por las fracciones parlamentarias en el Pleno, fueron propuestas por el diputado del PRD, Rafael Flores Mendoza.

 
En su parte sustantiva, las reformas y adiciones firmadas por 8 de los 12 diputados de la Comisión de la Función Pública pretenden excluir del Servicio Profesional de Carrera a los directores generales y sus adjuntos, e introduce la figura de pérdida de confianza como motivo de despido de los funcionarios de carrera.

 
Añadir la pérdida de confianza como causal de separación es caer en la inestabilidad de lo subjetivo, en las lealtades hacia un partido político y no hacia al ciudadano.

 
La estabilidad en el empleo público, vinculada al desempeño, ha demostrado que es un factor vital para la eficiencia. La pérdida de la confianza es un arma que puede utilizarse para comprar lealtades hacia personas y no hacia el ciudadano.

 
La Ley cristalizada en la presente administración es una reforma de largo aliento, fruto de un logro irrenunciable de los mexicanos que se obtuvo con el apoyo unánime de todos los sectores. Con ella, el ciudadano puede contar con un servicio público profesionalizado. 

No es posible reinventar cada seis años a la Administración Pública Federal (APF). Se debe privilegiar a la gente apta y profesional por sobre los compromisos y amistades.

Cabe destacar que el SPC aplica sólo en 76 de las 278 instituciones del gobierno federal. Son 40 mil 400 funcionarios, que van de enlace a director general, de los cuales, aproximadamente 85 por ciento, son personas con 15 años o más en la Administración Pública Federal. Esto quiere decir que sólo el 15 por ciento restante ingresó con el actual gobierno.

Más aún, el 52 por ciento de los ingresos por concurso público del SPC corresponde a gente ajena a la administración pública federal.

En una democracia la clase política tiene una vinculación con el partido que la lleva al poder. El Presidente de la República, los secretarios, subsecretarios y las demás designaciones políticas obedecen a una alianza con la sociedad que se origina en una campaña política. Las plazas de libre designación que pueden otorgarse con este fin ascienden a 2 mil 700, al día de hoy.

Estos funcionarios mantienen la propuesta del partido político que llega al poder y son quienes diseñan las políticas públicas acordes, pero el servidor público de carrera es quien debe operarlas. Por ello se requiere una ley que permita la profesionalización de estos servidores públicos y que garantice su compromiso con la sociedad.

Médicos, ingenieros, actuarios, contadores, administradores, economistas y profesionistas en general, no deben ser contratados por la fortaleza de sus convicciones político-partidistas ni por su orientación y adherencia al proyecto político en curso, sino por sus méritos profesionales.

En los gobiernos democráticos se distingue claramente entre la carrera política y la carrera administrativa, y en México el SPC es el instrumento que asegura esta separación al mantener a la base operativa sujeta a sus normas y otorga a las administraciones espacios suficientes para sus designaciones directas.

La Ley del SPC fue aprobada con el consenso y unanimidad de  todos los legisladores en las dos Cámaras, después de dos años de construcción, deliberación y debate con todos los sectores involucrados.

El SPC se constituyó como un antídoto a los llamados sistemas de reparto de puestos del partido en el poder, en donde no existen reglas para ingresar ni para ser despedido en un cargo público.

Asimismo, fomenta la eficacia de las organizaciones públicas al generar competitividad, estabilidad y evolución, así como mérito e igualdad de oportunidades.

De los 30 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 29 contaban con un servicio civil de carrera, y México fue el último país en impulsar este sistema. Darle marcha atrás no es sólo una regresión en materia de política interna, sino con implicaciones a nivel internacional.

La Ley del SPC que opera hoy en día se traduce en competitividad y estabilidad, en contraposición al subdesarrollo, la improvisación y el amiguismo.

La democracia no es una acción que se reduce al voto en tiempos de elecciones, sino en hacer del gobierno un espacio real del ciudadano, al que le pertenece la información y el libre acceso al empleo público apoyado en sus capacidades, no en sus vínculos partidistas, clientelares o de amistad.

Los cargos públicos no deben ser patrimonio de quien llegue al poder sexenalmente, así como la información ya no es patrimonio del gobierno en turno.

La transparencia y el SPC son cambios sustantivos en la manera de ver al gobierno: son verdaderas conquistas y constituyen el patrimonio de la sociedad, que hay que preservar. 

 

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

TEL: 14-54-30-00 EXT 1204 Y 1702

CORREO ELECTRONICO: subdeinformacion@funcionpublica.gob.mx

 

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Diario legislativo

• El PRI-AN volvió a vencer al PRD
• Atan de manos al próximo Presidente
• González Schmal rechazó senaduría

Pedro Jiménez Rodríguez

Caló hondo en el ánimo de los diputados del PRD, la alianza que hicieron los del PRI con los del PAN, para rechazar, por abrumadora mayoría, las reformas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Y es que desde hace por lo menos dos meses, el diputado Rafael Flores Mendoza, se abocó a investigar que tantos se había “agandallado” el Gobierno del presidente Vicente Fox, para repartir entre los panistas leales los cargos de dirección de la administración pública, es decir, desde jefes de oficina, subdirectores, directores generales y delegados federales. Encontró que en total son poco más de 43 mil plazas, de las cuales mil 600 son de mandos medios y altos, que quedarán “congeladas” y no podrá, bajo ninguna circunstancia, disponer de ellas el próximo Presidente de la República, Ahora dicen que esta es una jugarreta que puede afectar a cualquiera que gane la Presidencia el 2 de julio, pero la verdad es que los perredistas están convencidos de que Manuel Andrés López Obrador va a ganar la primera magistratura y no conciben que solamente vaya a poder designar a 179 servidores públicos, entre secretarios de estado, subsecretarios y asesores*** Lo cierto es que este revés legislativo a los del sol azteca, debe servirles de parámetro para medir su poder real dentro del Congreso y convencerse de que ni juntando a los partiditos que tienen como aliados (PT y Convergencia), pueden aprobar leyes y por lo pronto sólo les queda lo que siempre han tenido, el derecho al pataleo y a declararse en contra todo y a favor de nada*** Lo que todavía no está muy claro el porqué se aliaron los diputados del PRI con el PAN para rechazar esta reforma a la Ley del Servicio Civil de Carrera, sobre todo porque en alguna ocasión el candidato presidencial priísta, Roberto Madrazo Pintado, había manifestado su interés en que se hicieran las modificaciones respectivas, para excluir a los directores generales y a los delegados federales, del sistema profesional de carrera. ¿Será que las huestes de don Emilio Chuayffet empezaron a cobrar facturas? Conste que es pregunta*** Y déjeme contarle que la dirigencia de Convergencia le ofreció al diputado Jesús González Schmal una candidatura plurinominal al Senado de la República, como reconocimiento a su labor en la actual legislatura, pero qué cree, él declinó la invitación dizque porque ya están muy avanzadas las indagatorias en la Comisión Investigadora de la legalidad de los contratos de la empresa Construcciones Prácticas, donde están involucrados los hijos de Marta Sahagún de Fox. Asegura González Schmal que la denuncia penal presentada la semana pasada en la PGR está muy sólida e integrada con muchas pruebas, como es el cheque de Jorge Alberto Bribiesca que avaló a la empresa Construcciones Prácticas en la compra de cartera-vencida al IPAB. Lo cierto es que esta sería la primera vez en la historia, que un legislador rechaza seguir pegado a la ubre del presupuesto, en aras de su deber*** Y es que, mire usted, todos los políticos, sin excepción, van y vienen en las diputaciones, senadurías y ahora también en la Asamblea del Distrito Federal y nunca reparan en que son electos por el pueblo para que legislen para el pueblo y no para sus partidos, y por eso dejan en el tintero más de mil iniciativas en cada legislatura, sencillamente porque no les interesaron, ni les arrojaban beneficios gremiales*** El que todavía anda disfrutando de las miles que le dejó la presentación de su informe de labores es el diputado Gonzalo Guizar Valladares, del XXII Distrito Electoral con cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz. Es que le fue tan bien, por tantas gestiones que hizo a favor de sus representados, que ya esta a la cabeza de los aspirantes a convertirse en presidente municipal de Coatzacoalcos*** Ahora que se supo que los diputados destinarán 18 millones de pesos para indemnizar a los empleados que contrataron las seis fracciones parlamentarias al inicio de la Legislatura y que van a tener que irse porque los que vienen traen a su propia gente, sería bueno saber si en ello están contemplando las liquidaciones de los corriditos Antonio Luna, Miguel Angel Gárita y Juan Ramón Bonfil, quienes ya ganaron sus respectivos juicios laborales y le van a costar a la Cámara una docena millones de pesos. No creemos que los actuales legisladores vayan a dejar estos pendientes, para que sus sucesores a partir de septiembre hagan las denuncias de los errores cometidos por el contralor Alfonso Grey Méndez, pues el pueblo está cansado de tanto despilfarro.

Pedrojimenez45@yahoo.com.mx

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Diputados rechazan las reformas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera

18 de abril (Sentido Común) – La Cámara de Diputados rechazó las reformas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera que buscaban excluir del servicio profesional a los directores generales, jefes de unidad y adjuntos.

Los diputados, con 292 votos en contra, 80 a favor y cinco abstenciones, decidieron no aprobar los cambios por que podrían provocar el acceso de personas “sin la suficiente experiencia profesional” a cargos públicos, lo que podría reproducir “un sistema clientelar o de compadrazgo”.

Las reformas habían sido impulsadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) luego de considerar que la ley actual dejaba muy poco margen de maniobra a futuros gobiernos para colocar a gente de confianza en niveles claves del gobierno.

Sin embargo, diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) consideraron que las reformas, de haberse aprobado, hubieran sido un retroceso en cuanto a los logros que se habían buscado con la aprobación de la ley en 2003 para profesionalizar los cuadros de la administración pública.

Hace tres años la ley fue aprobada de manera unánime. Desde entonces, la ley ha buscado de manera gradual que los altos mandos de la administración estén ocupados por profesionales, a fin de que adquieran una experiencia especializada y puedan ofrecer una visión no partidista sobre los efectos de las políticas públicas que buscan implementar los políticos.

Sin embargo, para el diputado Rafael Flores Mendoza del PRD el rechazo a la reforma se dio ante la intención del PRI y el PAN de asegurarse que “sus cuadros permanezcan en los puestos de directores generales por siempre; quieren perpetuar a los compadres de Fox en el poder; los funcionarios actuales son amigos de algún distinguido cuadro panista”.

Flores Mendoza dijo que sin la reforma el próximo gobierno solo podrá nombrar a 179 servidores públicos. Cifra que fue disputada por la Secretaría de la Función Pública, la dependencia encargada de supervisar la aplicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, al decir que el nuevo gobierno podrá nombrar a cerca de 2,700 nuevos funcionarios, en los cargos de secretarios, subsecretarios, oficiales mayores, titulares de unidad, áreas de comunicación social, coordinación de asesores y demás integrantes de los denominados gabinetes de apoyo.

Los mexicanos elegirán a un nuevo presidente el próximo 2 de julio. Hasta ahora, el candidato del PRD, Andrés Manual López Obrador, es el favorito para ganar la contienda electoral, aunque en las últimas encuestas, Felipe Calderón, del PAN, se ha acercado al candidato perredista y acecha su liderazgo en la contienda.

“Con estos [2,700] puestos, [el próximo presidente] podrá aplicar el programa de gobierno que comprometa durante su actual campaña electoral”, dijo Función Pública, en un comunicado de prensa.

La ley actual exige que los funcionarios cumplan con una serie de requisitos para ocupar cargos públicos, además de que aplica a 76 dependencias de la Administración Pública Federal con 40,400 puestos, mientras que 202 instituciones no están sujetas a ella, dijo Función Pública.

La dependencia aclaró que a la fecha sólo han ingresado 2,285 personas al sistema profesional de carrera mediante concursos públicos y abiertos para cubrir las vacantes que se han venido generando.

La secretaría “siempre estará abierta a recibir las opiniones y críticas que redunden en el fortalecimientote este sistema civil de carrera, para que los mexicanos gocen el servicio público de calidad que merecen”, dijo la dependencia.

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